En abril de 2018 publiqué un artículo titulado “Guanajuato 2018: algo siniestro ocurre”. En resumen, en él presenté un resumen de la magnitud del crecimiento que se había registrado en esas fechas en materia de violencia homicida. En particular, el texto fue motivado por una masacre perpetrada en San Francisco del Rincón, en la que perdieron la vida 8 personas, con ocho más lesionadas por disparo de arma de fuego.
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En ese momento, escribí: “Es evidente que el gobierno estatal no puede con esa tarea (la de gobernar apropiadamente), y es, al mismo tiempo, un hecho incontrovertible que los municipios están desbordados en sus capacidades para siquiera procesar lo que ocurre”.
Cinco años después el panorama es aún más oscuro; y se pasó de eventos que anunciaban la instauración de lo tenebroso, a una espiral descendente hacia las entrañas de lo siniestro, donde lo impensable sigue teniendo lugar, y cada vez de manera más recurrente y espantosa.
La masacre perpetrada en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, en la madrugada del pasado 17 de diciembre, no tiene parangón en la historia de la violencia armada de los años recientes en Guanajuato, pero también respecto de lo que ha ocurrido en todo el país. No hay duda, es uno de los eventos más crueles perpetrados por el crimen organizado en lo que va de la presenta administración federal, no sólo por el número de personas fallecidas, sino por el perfil y el lugar donde fueron cobardemente asesinados: jóvenes entre 15 y 27 años de edad que departían una posada navideña.
Lo siniestro se extiende además a toda la actuación de las autoridades frente a este inaceptable hecho sangriento. Por un lado, el Ejecutivo Federal ha planteado el tema, una vez más, desde una perspectiva de rentabilidad electoral, y peor aún, criminalizando a las víctimas, recurriendo una vez más al señalamiento de que se trata de un hecho vinculado al consumo de drogas.
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Por el otro lado, las hipótesis presentadas como líneas de investigación de la Fiscalía Estatal resultan tan inverosímiles como fantasiosas, generando una vez más la suspicacia respecto de que, una de dos: o no tienen ni idea de lo que ocurrió ahí, o pretenden ocultar hechos más graves. En cualquiera de los dos escenarios la cuestión es preocupante.
Sin duda, Guanajuato es una de las entidades donde de peor manera se reportan los datos sobre homicidio intencional. El pasado 23 de noviembre publiqué, por ejemplo, el texto titulado “La información anómala de los homicidios culposos en Guanajuato” (https://www.mexicosocial.org/homicidios-culposos/ ), mostrando que en la entidad se concentra casi el 12% del total de ese tipo de homicidios respecto del total de los registrados en el país. Lo que llama también a la suspicacia respecto de un deliberado ocultamiento de información confiable sobre la muerte violenta en el estado.
De forma preocupante, la mediocridad de la clase política del estado, tanto de Acción Nacional como de sus partidos aliados, como de los de oposición es tal, que en Guanajuato se percibe que una nueva forma de poder se ha asentado; y que en uno de los estados de mayor poderío económico y de mayor magnitud demográfica del país, gobiernan intereses oscuros, monopolizando las estructuras políticas y comprometiendo la democracia y las capacidades de devolver la paz, la seguridad y el bienestar a la población.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que, hasta el mes de noviembre de 2023 se tenía un registro de 27,354 víctimas de homicidio intencional, por lo que, considerando el promedio mensual, y que el dato es preliminar, tendremos un año en el que habrá de nuevo, más de 30 mil personas asesinadas en todo el territorio nacional.
De la suma mencionada, un total de 2,875 personas han sido asesinadas en el estado de Guanajuato, es decir, el 10.51% del total de los homicidios intencionales de todo el país; cifra a todas luces desproporcionada, si se considera que en la entidad no se tiene ni el 5% de la población nacional total.
Desde hace mucho, en las distintas mediciones que se hacen públicas respecto de la violencia, varios de los municipios guanajuatenses aparecen entre las ciudades más peligrosas del planeta; y esto sin contar que se analizan sólo municipios de la mayor densidad demográfica; pero si se hace un acercamiento al resto de las demarcaciones, lo que se tiene es un panorama de municipios ultraviolentos, como el ya tristemente célebre de Salvatierra, donde no debe olvidarse que en 2021 se encontró también una de las más grandes fosas clandestinas que se han descubierto en el territorio nacional, con más de 70 cadáveres completos.
No es exagerado decir que en Guanajuato se vive una de las mayores crisis de derechos humanos de que se tiene registro en el país en las dos ultimas décadas, lo que confirma lo que se denunció hace unos años, cuando se designó al “ombudsperson” de la entidad: que el gobierno del estado había impuesto ahí a un patiño con el propósito de evitar a toda costa cualquier señalamiento al titular del Ejecutivo o a sus funcionarios, pero también a la Fiscalía Estatal.
En medio de la tristeza y aún en las entrañas de lo siniestro, es impostergable hacer resonar la indignación; porque no es aceptable que el Estado mexicano siga siendo omiso y continúe siendo incapaz de garantizar la no repetición de eventos tan crueles y sádicos como el recientemente ocurrido.
Investigador del PUED-UNAM
