El día 6 de diciembre de 2022 se presentaron los resultados del Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana, 2022. Se trata del resultado de una investigación en la que se sintetizan 32 variables y se construye un indicador que permite dimensionar el grado de incumplimiento de los derechos de la niñez mexicana, lo que permite sostener que urge una política de Estado para las infancias.
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Los resultados del Índice muestran que las condiciones son de una violación generalizada y sistemática de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, pues en una escala que va de 0 a 1, el resultado del índice es de .558, es decir, una auténtica crisis que pone en circunstancias límite de existencia a las infancias de nuestro país.
De manera más que preocupante, el Índice revela que entre los años 2016 y 2020, fecha de corte para la información comparable entre entidades federativas, el avance ha sido de sólo 8 milésimas, es decir, tenemos un severo estancamiento que se ha agravado con los perniciosos efectos de la pandemia, mismos que habrán de ser medidos a partir del próximo año que se cuente con información consolidada para las 32 entidades federativas de nuestro país.
Sin duda, todos los gobiernos en al menos las últimas cuatro décadas han sido omisos o han tenido fallas graves en esta materia. Sin embargo, en la actual administración, la niñez es simplemente inexistente, tanto en el discurso como en las acciones de gobierno. La oferta pública se ha reducido, por un lado, al otorgamiento de becas, que han mostrado su ineficacia en el combate a la pobreza, reducción de desigualdades o incremento de la matrícula y permanencia escolar; y por el otro, a acusar a las niñas y niños de ser peligrosos golpistas por exigir sus medicamentos y no morir por enfermedades que podrían ser curables.
Los datos del CONEVAL relativos a la medición de la pobreza en 2020 muestran uno de los efectos más perversos -quizás no deseados y por supuesto no previstos- de la política de transferencias monetarias que ha implementado el gobierno de la República: entre los años 2018 y 2020, el porcentaje de personas adultas mayores en condiciones de pobreza se redujo de 43.2% a 37.9%, es decir, poco más de cinco puntos porcentuales. Sin embargo, entre la población infantil, el porcentaje pasó, en los mismos años, de 50.3% a 52.6%, es decir, 2.3 puntos porcentuales más.
Lo anterior quiere decir que, dado que los recursos públicos disponibles no se han incrementado en los últimos años, el gobierno ha decidido reasignarlos, pasándolos “de una bolsa a otra”; y generando impactos benéficos para algunos grupos, pero totalmente perniciosos para otros. De este modo, de los 55.7 millones de personas en pobreza en el año 2020, 19.5 millones eran menores de 18 años; es decir, mientras que las niñas y niños representan al 31.4% de la población del país, considerando sólo a la población en pobreza, son el 35% de quienes están en esa condición.
Sin duda alguna, en México la pobreza tiene rostro de infancia. Y es que, además, debe considerarse que desde el 2008 y hasta el 2020, no ha habido un solo año en que al menos el 50% de quienes eran niños o adolescentes en ese periodo, se encontraban en condiciones de pobreza. Más doloroso aún es que, según los propios datos oficiales, puede estimarse que el 90% de las niñas y niños que hablan alguna lengua indígena están en condiciones de pobreza.
Siendo todas las dimensiones que se miden en este instrumento graves, hay tres que quizá revelan las condiciones más atroces que enfrenta la niñez mexicana. La primera de ellas es la relativa al hambre. De acuerdo con los datos del INEGI, en el 2020 había casi un millón de hogares donde, en los últimos tres meses previos al levantamiento de la información, una niña o niño comió solo una vez al día o no comió en todo el día.
El segundo de los datos dolorosísimos del Índice es el relativo a la tasa de mortalidad por homicidios intencionales. Para dimensionarla hay que ponerla en perspectiva: en México los feminicidios son una emergencia nacional, cada día se registran al menos tres casos, que implican una tasa de 1.3 feminicidios por cada 100 mil mujeres. Pues bien, para el caso de las niñas, niños y adolescentes, el promedio diario es de 3.8 asesinatos; pero dado el tamaño de la población infantil y adolescente, la tasa es de 3.6 casos por cada 100 mil en el grupo de edad, es decir, prácticamente tres veces más que la tasa de feminicidios, frente a lo que es sintomático que el país no haya visibilizado la magnitud de la tragedia y que no haya reaccionado en consecuencia.
El tercero de los indicadores que muestran la crisis por la que atraviesa nuestro país, es el relativo al trabajo infantil. Según la medición ampliada del INEGI, habría alrededor de 3 millones de niñas y niños que trabajan en México. De esa cifra, prácticamente el 90% lo hace en condiciones peligrosas para su edad y prohibidas por la Ley.
No tenemos tiempo qué perder. Y mientras en la mayoría de los espacios públicos la agenda diaria es sobre cómo se modifica o no la ley para tener mayor rentabilidad electoral para unos u otros partidos, la niñez mexicana literalmente se desangra, muere de hambre, de enfermedades evitables o es explotada y víctima de la violencia. Sin duda, cuando se habla de un país impresentable, deberíamos señalar, sobre todas las cosas, esta agenda.
Investigador del PUED-UNAM
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