La diabetes es desde hace ya varios años la segunda causa de mortalidad general en el país. Más allá de la anomalía que representó la emergencia sanitaria provocada por la aparición del virus del SARS-COV-2 la incidencia y la prevalencia de la enfermedad muestra una tendencia creciente, y lo más preocupante es que apunta a una posible aceleración de la trayectoria señalada.
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Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición -un esfuerzo enorme realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, coordinado por la Dr. Teresa Shama Levy- no dejan lugar a dudas: estamos ante una de las epidemias más peligrosas para la salud y la vida de las personas; cuyo impacto en términos de salud pública es mayúsculo, no sólo en términos del costo gigantesco que representa la pérdida de años de vida saludable, sino también los costos económicos que implican para las personas, para sus familias y para el propio Estado.
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Según los datos de la citada ENSANUT, en 2022 la prevalencia diagnosticada y no diagnosticada de la diabetes es de alrededor de 14.6 millones de personas. Asimismo, el otro dato que es de enorme preocupación es que la prevalencia de pre-diabetes es del 22.1% de la población de 20 años y más. Y aún cuando la evidencia disponible muestra un ligero descenso en la prevalencia de la diabetes no diagnosticada, es tan pequeño que resulta marginal ante la magnitud del problema.
No debe pasarse por alto además que la determinación que tiene la diabetes en la estructura y tipos de discapacidad y dificultades de movilidad de las personas crece cotidianamente. En efecto, son cada vez más las personas que enfrentan amputaciones o problemas de debilidad visual y ceguera a causa de esta enfermedad, así como otras complicaciones asociadas al llamado “pie diabético” y las que se vinculan con comorbilidades como la hipertensión.
Los datos sobre mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran el impacto que tiene la prevalencia de la enfermedad en la carga de la mortalidad en el país. En efecto, entre los 25 años que van de 1998 a 2022 se han registrado 2,075,130 defunciones por diabetes mellitus en todo el país. Es una cantidad enorme, que equivaldría, por ejemplo, a la población total de un estado como Morelos.
Las cifras anuales han crecido, sin embargo, muy rápido. Por ejemplo, entre 1998 y 2022, el promedio anual de defunciones por esta causa fue de 47,791. Del 2003 al 2007 ese promedio creció a 65,506. Entre el 2008 y el 2012 creció nuevamente, llegando a 80,429 casos; del 2013 al 2019 el promedio tuvo un nuevo incremento a 98,823 casos por año; mientras que del 2018 al 2022 fue de 122,476, el cual creció a esa magnitud por el impacto de la pandemia.
Aún con ello, es preciso decir que, si se compara el dato del 2019 con el del 2022, la diferencia es significativa pues en el primero de los años señalados, el número de defunciones fue de 104,352 decesos, frente a los 115,025 que se registraron en 2022, es decir, un cambio de 10.22% más, en sólo tres años, y ya sin el efecto directo de la emergencia sanitaria.
Otra cuestión a destacarse es que, en los 25 años que se analizan, el porcentaje de defunciones causadas por la diabetes representan el 11% del total de los decesos acaecidos en el país, lo que significa que prácticamente una de cada diez muertes se debe a la diabetes mellitus. Sin embargo, hay 12 entidades de la República donde ese porcentaje es mayor: en Tlaxcala es de 14%, en Estado de México, 13.9%; Tabasco registra un indicador de 13.4%; Coahuila, 12.7%; Guanajuato, 12.3%; Veracruz, 12.2%; Puebla, 12.1%; Morelos, 12.1%; Tamaulipas, 11.9%; Michoacán, 11.6%, Ciudad de México, 11.4% y Guerrero, 11.1%.
En números absolutos, en ese periodo hay varios estados donde se rebasan las 100 mil defunciones, en cada uno de ellos, y se distribuyen relativamente de manera uniforme de acuerdo con la magnitud demográfica en cada uno de ellos; así, de 1998 a 2022, en el Estado de México han fallecido 270,946 personas por esa causa; en la Ciudad de México, 255,752; en Veracruz, 167,589; en Puebla, 128,695; en Jalisco 126,695 y en Guanajuato, 111,093.
Finalmente, en lo que respecta al análisis de los números, es importante mostrar que la tasa de mortalidad por diabetes mellitus ha crecido también en los últimos años. En efecto, de acuerdo con los datos del INEGI, en 2013 la tasa de defunciones por cada 100 mil habitantes, por esta enfermedad, fue de 74.8; creció a 77.7 en 2014; a 80.5 en 2015; a 85.4 en 2016 y se mantuvo en el mismo nivel en 2017; tuvo un ligero descenso a 80.4 en 2018; pero creció nuevamente a 82 en el 2019; llegando s sus máximos históricos en el periodo de la pandemia, con 119.5 y 110.3, en los años 2020 y 2021, respectivamente. Por último, para el año 2022 se tuvo un nuevo descenso a 89.4 casos por cada 100 mil personas, siendo deseable que siguiera bajando en los siguientes años.
Los datos muestran inequívocamente que las estrategias de prevención han sido no sólo insuficientes, sino desastrosamente inapropiadas. Reducir la prevalencia e impacto de la diabetes requiere de toda la intervención social del sector público, y para ello se necesita una visión integral y sistémica de la problemática; de lo cual han carecido todos los gobiernos de los últimos 25 años.
Investigador del PUED-UNAM
