El cierre del gobierno

El cierre del gobierno se acerca inexorablemente. El próximo lunes, Marcelo Ebrard dejará la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo más seguro es que, en los siguientes 10 días también deje su cargo el secretario de Gobernación. A pesar de que no forma parte del Gabinete, no será menor la salida de Claudia Sheinbaum de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, donde se juega una parte importante de la seguridad y de la gobernabilidad del país; así como la salida de Ricardo Monreal, del Senado de la República.

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De acuerdo con lo que se ha publicado hasta ahora en los medios de comunicación la separación de sus cargos será definitiva; por lo que quienes resulten perdedores en la encuesta de selección de la candidatura de Morena, no podrán regresar a sus cargos. El presidente de la República ya fijó las prioridades para el cierre de su gobierno: concluir sus obras prioritarias de infraestructura y consolidar programas sociales; es decir, todo aquello que le permitirá afinar su estrategia político-electoral, la que busca a garantizar la continuidad de lo que él y los suyos entienden por la “cuarta
transformación”.

En este gobierno no hay funcionarias o funcionarios que destaquen de forma sobresaliente por su brillantez o por una gran eficacia en el diseño y operación de políticas públicas pertinentes; lo cual es distinto de la eficacia que han mostrado para operar las estrategias de alta rentabilidad electoral ordenadas por el Ejecutivo Federal. No debe perderse de vista que habrá otras y otros funcionarios que también saldrán del Gabinete en los próximos meses. Los más visibles son los casos de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, quien aspiraría a la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como el de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien aspira a ser candidata al gobierno de Veracruz.

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Otra de las piezas clave en el Congreso, el Diputado Ignacio Mier, dejará la Coordinación de Morena en la Cámara de Diputados y con ello, la Junta de Coordinación Política -para bien del país, hay que decirlo-, porque buscará ser candidato a la gubernatura de Puebla. Asimismo, aunque con una posición jerárquicamente marginal, pero de suma visibilidad mediática, dejará el cargo el titular de la PROFECO, quien habrá de buscar la candidatura de Morena al gobierno de Guanajuato.

Dado que se elegirán más de 2 mil alcaldías, es difícil saber cuántos funcionarios federales más, y cuántas legisladoras y legisladores dejarán sus cargos para buscar esas candidaturas y otras más en los Congresos estatales, o bien dar “el salto” al Senado; lo cual augura un intenso proceso y, quizá caótico, de disputas locales que, en el clima de inseguridad y violencia armada que se vive, puede llevarnos a un escenario de violencia política que nadie en su juicio puede querer.

La apuesta de Morena es ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y esto no solo para garantizar las reformas constitucionales que aún quiere impulsar el Ejecutivo Federal, sino también para garantizar la impunidad respecto del desastroso manejo que ha tenido la administración pública. Si la oposición logra que el Congreso tenga la pluralidad suficiente, y se toma en serio el proceso de rendición de cuentas, deberá en su momento fortalecer a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y revitalizar a la Auditoría Superior de la Federación, la cual, hasta ahora, se ha convertido en un “testigo de palo” de las tropelías y el desorden administrativo que reina en el gobierno.

Ha sido el propio titular del Ejecutivo quien ha dicho que sus empleados están ahí por leales, y no necesariamente por capaces. Y con excepción de Marcelo Ebrard, el más experimentado del Gabinete, el resto se ha caracterizado por su proclividad al anonimato o por ineficacia en la acción pública. Desde esa lógica, lo esperable es que las y los relevos que habrán de llegar al Gabinete fungirán como nuevas y nuevos floreros, cuya misión principal será apuntalar y dirigir toda la acción gubernamental al triunfo electoral, al costo que sea, en términos de malas prácticas administrativas, presupuestales y muchas de ellas, quizá, fuera de la legalidad.

Todo esto debe preocuparle a quienes aspiran a suceder al Presidente; porque si se toman en serio el gobierno que van a encabezar, el estado en que reciban la administración pública determinará la capacidad que tendrán, o no, de gobernar; lo cual implicará concluir lo que está en marcha, pero sobre todo, de perfilar sus propias prioridades; si es que las tienen, y si no les serán dictadas desde un lejano rancho del sureste del país.

La deriva autoritaria que ha tomado esta administración no puede pensarse como proyecto de continuidad para México. Por el contrario, quien sea la o el nuevo jefe del Estado tendrá la obligación de fortalecer la democracia, y no continuar demoliéndola; porque lo que ha ocurrido hasta ahora ha sido posible por el enorme poder personal que ha concentrado el Ejecutivo; pero se antoja difícil que esto sea “transferido” en automático y de forma lineal a quien triunfe en las elecciones de junio de 2024.

El presidente tiene todo el control, hasta ahora, del proceso de “cierre político” del sexenio. Pero al ser jefe del Gobierno, tiene el mandato constitucional de cerrar conforme lo que marca la Ley en el terreno administrativo y presupuestal. Y eso, en sentido estricto, parece que no está siquiera en sus preocupaciones ni en las de su equipo.

Investigador del PUED-UNAM