Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, entre los meses de enero y noviembre del 2020, se habían iniciado 202,643 carpetas de investigación por el delito de “violencia familiar”. Esa cifra constituía el récord más elevado para el país, desde que se tiene estadística oficial comparable en el tiempo y lo hacía en su momento el más violento contra las familias.
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La mala noticia es que, en el mismo periodo del 2021, el mismo organismo tiene un registro de 233,978 carpetas de investigación iniciadas por el mismo delito, lo que significa un incremento de 13.4% entre ambos periodos, lo que convierte al 2021, desde antes que se tengan los datos definitivos de diciembre, en el de mayor violencia familiar denunciada ante las autoridades de procuración de justicia del país.
Es importante decir que en esta materia poco o nada se ha hecho desde el gobierno de la República para prevenir y erradicar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, niñas y niños al interior de los hogares, violando o por decir lo menos, incumpliendo flagrantemente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; pero también la Ley General de los Derechos de las Niñas, niños y Adolescentes.
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Políticas públicas deficientes
También es importante destacar que el pasado 31 de diciembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, un texto mal articulado, con un diagnóstico endeble y que incorpora un conjunto de objetivos, estrategias, acciones y metas que parece que están planteadas para Júpiter, y no para el país de pobreza, marginación, desigualdades y, en resumen, de incumplimiento generalizado de los derechos de la niñez.
En lo que respecta a las “acciones puntuales” que plantea el plan que se menciona, basta con observar los verbos rectores para afirmar que esta administración federal no va a hacer nada relevante en materia de protección integral de la niñez y erradicación de la violencia que se ejerce en su contra: fortalecer, impulsar y promover; es decir, continuarán con “llamadas a misa” mientras las niñas, niños y adolescentes continuarán, muy probablemente, viviendo auténticos infiernos en sus entornos familiares y comunitarios.
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Un Plan que no va a servir
Pero lo mismo hay que decir de los gobiernos estatales y municipales, para los cuales estos temas simplemente no son parte, ya no se diga del discurso cotidiano, sino de la estructura mental de quienes toman las principales decisiones del país. Desde esta perspectiva, es relevante subrayar que se ha perdido la enorme oportunidad que se había abierto con la llegada de más de mil nuevas autoridades municipales en el país y 14 nuevas gubernaturas, para desde el Ejecutivo Federal coordinar una estrategia intensa, renovada y apegada a estándares convencionales de derechos humanos, para la protección de la niñez y de las mujeres en los entornos familiares pues, se ha documentado hasta el cansancio, el principal agresor es mayoritariamente hombre y generalmente la pareja y el padre de las niñas y niños víctimas de agresiones.
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Por ello también debe tomarse en consideración que el programa nacional de protección de niñas, niños y adolescentes es prácticamente ajeno en su totalidad a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y carece de los elementos necesarios para responder a las reiteradas observaciones que ha hecho el Comité del Niño y la Niña de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, respecto de las también reiteradas acciones incumplidas del Estado mexicano en materia de garantía integral de sus derechos.
Se hace tanto énfasis en esto, porque la violencia familiar se ha enfocado mayoritariamente desde la perspectiva de la violencia contra las mujeres; y en la mayoría de los espacios se omite subrayar la vulneración y maltrato que viven millones de niñas, niños y adolescentes; por lo que es urgente que ambas perspectivas se atiendan con la misma celeridad y prioridad.
Más datos de la violencia contra las familias
Más datos para documentar el pesimismo en el tema: entre los meses de enero y noviembre de 2020, se registraron 16,148 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar; para el mismo periodo del 2021 la cifra es de 21,206, es decir, hubo un incremento de 31.3% entre ambos años.
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Este tipo de denuncias se interponen mayoritariamente ante los llamados “deudores alimentarios”, es decir, sujetos que no cumplen con las obligaciones a que les mandata la Ley, respecto de la garantía de los derechos de sus hijas, hijos o de las niñas y niños que tienen bajo su cuidado.
Por otro lado, hubo entre en enero y noviembre, del 2020, un total de 11,743 carpetas de investigación por “otros delitos contra la familia”, mientras que, en el mismo periodo del 2021, la cifra ascendió a 13,014, es decir, también hubo un significativo incremento que se ubica en el orden del 10.8%
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El año más violento contra las familias
En resumen, en todo el 2020, hubo en el país 254,598 carpetas de investigación iniciadas por los diferentes tipos penales que configuran delitos contra las familias; por otro lado, entre enero y noviembre del año pasado, la cifra ya era de 272,416 carpetas de investigación (823 casos por día o bien, 34 por hora), es decir, aún faltando un mes para terminar el año, se tenía ya un incremento de 7%.
En materia de violencia contra las mujeres, niñas y niños, la inacción pública se convierte en promoción: de la impunidad y de la perpetuación de esta cruel realidad que ya no debe tener más espacio en nuestro país.
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